Declaración de Bolívar. Caracas, 5
de julio de 1811
Acta Solemne de la
Independencia
En el nombre de Dios
Todopoderoso
Nosotros, los representantes de las
Provincias Unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y
Trujillo, que forman la Confederación Americana de Venezuela en el continente
meridional, reunidos en Congreso, y considerando la plena y absoluta posesión
de nuestros derechos, que recobramos justa y legítimamente desde el 19 de abril
de 1810, en consecuencia de la jornada de Bayona y la ocupación del trono
español por la conquista y sucesión de otra nueva dinastía constituida sin
nuestro consentimiento, queremos, antes de usar de los derechos de que nos tuvo
privados la fuerza, por más de tres siglos, y nos ha restituido el orden
político de los acontecimientos humanos, patentizar al universo las razones que
han emanado de estos mismos acontecimientos y autorizan el libre uso que vamos
a hacer de nuestra soberanía.
No queremos, sin embargo, empezar alegando
los derechos que tiene todo país conquistado, para recuperar su estado de
propiedad e independencia; olvidamos generosamente la larga serie de males,
agravios y privaciones que el derecho funesto de conquista ha causado
indistintamente a todos los descendientes de los descubridores, conquistadores
y pobladores de estos países, hechos de peor condición, por la misma razón que
debía favorecerlos; y corriendo un velo sobre los trescientos años de
dominación española en América, sólo presentaremos los hechos auténticos y
notorios que han debido desprender y han desprendido de derecho a un mundo de
otro, en el trastorno, desorden y conquista que tiene ya disuelta la nación
española.
Este desorden ha aumentado los males de la
América, inutilizándole los recursos y reclamaciones, y autorizando la
impunidad de los gobernantes de España para insultar y oprimir esta parte de la
nación, dejándola sin el amparo y garantía de las leyes.
Es contrario al orden, imposible al
gobierno de España, y funesto a la América, el que, teniendo ésta un territorio
infinitamente más extenso, y una población incomparablemente más numerosa,
dependa y esté sujeta a un ángulo peninsular del continente europeo.
Las sesiones y abdicaciones de Bayona, las
jornadas del Escorial y de Aranjuez, y las órdenes del lugarteniente duque de
Berg, a la América, debieron poner en uso los derechos que hasta entonces
habían sacrificado los americanos a la unidad e integridad de la nación
española.
Venezuela, antes que nadie, reconoció y
conservó generosamente esta integridad por no abandonar la causa de sus
hermanos, mientras tuvo la menor apariencia de salvación.
América volvió a existir de nuevo, desde
que pudo y debió tomar a su cargo su suerte y conservación; como España pudo
reconocer, o no, los derechos de un rey que había apreciado más su existencia
que la dignidad de la nación que gobernaba.
Cuantos Borbones concurrieron a las
inválidas estipulaciones de Bayona, abandonando el territorio español, contra
la voluntad de los pueblos, faltaron, despreciaron y hollaron el deber sagrado
que contrajeron con los españoles de ambos mundos, cuando, con su sangre y sus
tesoros, los colocaron en el bono a despecho de la Casa de Austria; por esta
conducta quedaron inhábiles e incapaces de gobernar a un pueblo libre, a quien
entregaron como un rebaño de esclavos.
Los intrusos gobiernos que se abrogaron la
representación nacional aprovecharon pérfidamente las disposiciones que la
buena fe, la distancia, la opresión y la ignorancia daban a los americanos
contra la nueva dinastía que se introdujo en España por la fuerza; y contra sus
mismos principios, sostuvieron entre nosotros la ilusión a favor de Fernando,
para devorarnos y vejarnos impunemente cuando más nos prometían la libertad, la
igualdad y la fraternidad, en discursos pomposos y frases estudiadas, para
encubrir el lazo de una representación amañada, inútil y degradante.
Luego que se disolvieron, sustituyeron y
destruyeron entre sí las varias formas de gobierno de España, y que la ley
imperiosa de la necesidad dictó a Venezuela el conservarse a sí misma para
ventilar y conservar los derechos de su rey y ofrecer un asilo a sus hermanos
de Europa contra los males que les amenazaban, se desconoció toda su anterior
conducta, se variaron los principios, y se llamó insurrección, perfidia e
ingratitud, a lo mismo que sirvió de norma a los gobiernos de España, porque ya
se les cerraba la puerta al monopolio de administración que querían perpetuar a
nombre de un rey imaginario.
A pesar de nuestras protestas, de nuestra
moderación, de nuestra generosidad, y de la inviolabilidad de nuestros
principios, contra la voluntad de nuestros hermanos de Europa, se nos declara
en estado de rebelión, se nos bloquea, se nos hostiliza, se nos envían agentes
a amotinarnos unos contra otros, y se procura desacreditarnos entre las
naciones de Europa implorando sus auxilios para oprimirnos.
Sin hacer el menor aprecio de nuestras razones,
sin presentarlas al imparcial juicio del mundo, y sin otros jueces que nuestros
enemigos, se nos condena a una dolorosa incomunicación con nuestros hermanos; y
para añadir el desprecio a la calumnia se nos nombran apoderados, contra
nuestra expresa voluntad, para que en sus Cortes dispongan arbitrariamente de
nuestros intereses bajo el influjo y la fuerza de nuestros enemigos.
Para sofocar y anonadar los efectos de
nuestra representación, cuando se vieron obligados a concedérnosla, nos
sometieron a una tarifa mezquina y diminuta y sujetaron a la voz pasiva de los
ayuntamientos, degradados por el despotismo de los gobernadores, la forma de la
elección; lo que era un insulto a nuestra sencillez y buena fe, más bien que
una consideración a nuestra incontestable importancia política.
Sordos siempre a los gritos de nuestra
justicia, han procurado los gobiernos de España desacreditar todos nuestros
esfuerzos declarando criminales y sellando con la infamia, el cadalso y la
confiscación, todas las tentativas que, en diversas épocas, han hecho algunos
americanos para la felicidad de su país, como lo fue la que últimamente nos
dictó la propia seguridad, para no ser envueltos en el desorden que
presentíamos, y conducidos a la horrorosa suerte que vamos ya a apartar de
nosotros para siempre; con esta atroz política, han logrado hacer a nuestros
hermanos insensibles a nuestras desgracias, armarlos contra nosotros, borrar de
ellos las dulces impresiones de la amistad y de la consanguinidad, y convertir
en enemigos una parte de nuestra gran familia.
Cuando nosotros, fieles a nuestras
promesas, sacrificábamos nuestra seguridad y dignidad civil por no abandonar
los derechos que generosamente conservamos a Fernando de Borbón, hemos visto
que a las relaciones de la fuerza que le ligaban con el Emperador de los
franceses ha añadido los vínculos de sangre y amistad, por lo que hasta los
gobiernos de España han declarado ya su resolución de no reconocerle sino
condicionalmente.
En esta dolorosa alternativa hemos
permanecido tres años en una indecisión y ambigüedad política, tan funesta y
peligrosa, que ella sola bastaría a autorizar la resolución que la fe de
nuestras promesas y los vínculos de la fraternidad nos habían hecho diferir;
hasta que la necesidad nos ha obligado a ir más allá de lo que nos propusimos,
impelidos por la conducta hostil y desnaturalizada de los gobiernos de España,
que nos ha relevado del juramento condicional con que hemos sido llamados a la
augusta representación que ejercemos.
Mas nosotros, que nos gloriamos de fundar
nuestro proceder en mejores principios, y que no queremos establecer nuestra
felicidad sobre la desgracia de nuestros semejantes, miramos y declaramos como
amigos nuestros, compañeros de nuestra suerte, y participes de nuestra
felicidad, a los que, unidos con nosotros por los vínculos de la sangre, la
lengua y la religión, han sufrido los mismos males en el anterior orden;
siempre que, reconociendo nuestra absoluta independencia de él y de toda otra
dominación extraña, nos ayuden a sostenerla con su vida, su fortuna y su
opinión, declarándolos y reconociéndolos (como a todas las demás naciones) en
guerra enemigos, y en paz amigos, hermanos y compatriotas.
En atención a todas estas sólidas,
públicas e incontestables razones de política, que tanto persuaden la necesidad
de recobrar la dignidad natural, que el orden de los sucesos nos ha restituido,
en uso de los imprescriptibles derechos que tienen los pueblos para destruir
todo pacto, convenio o asociación que no llena los fines para que fueron
instituidos los gobiernos, creemos que no podemos ni debemos conservar los
lazos que nos ligaban al gobierno de España, y que, como todos los pueblos del
mundo, estamos libres y autorizados para no depender de otra autoridad que la
nuestra, y tomar entre las potencies de la tierra, el puesto igual que el Ser
Supremo y la naturaleza nos asignan y a que nos llama la sucesión de los
acontecimientos humanos y nuestro propio bien y utilidad.
Sin embargo de que conocemos las
dificultades que trae consigo y las obligaciones que nos impone el rango que
vamos a ocupar en el orden político del mundo, y la influencia poderosa de las
formas y habitudes a que hemos estado, a nuestro pesar, acostumbrados, también
conocemos que la vergonzosa sumisión a ellas, cuando podemos sacudirlas, sería
más ignominiosa para nosotros, y más funesta para nuestra posteridad, que
nuestra larga y penosa servidumbre, y que es ya de nuestro indispensable deber
proveer a nuestra conservación, seguridad y felicidad, variando esencialmente todas
las formas de nuestra anterior constitución.
Por tanto, creyendo con todas estas
razones satisfecho el respeto que debemos a las opiniones del género humano y a
la dignidad de las demás naciones, en cuyo número vamos a entrar, y con cuya
comunicación y amistad contamos, nosotros, los representantes de las Provincias
Unidas de Venezuela, poniendo por testigo al Ser Supremo de la justicia de
nuestro proceder y de la rectitud de nuestras intenciones, implorando sus
divinos y celestiales auxilios, y ratificándole, en el momento en que nacemos a
la dignidad, que su providencia nos restituye el deseo de vivir y morir libres,
creyendo y defendiendo la santa, católica y apostólica religión de Jesucristo.
Nosotros, pues, a nombre y con la voluntad y autoridad que tenemos del virtuoso
pueblo de Venezuela, declaramos solemnemente al mundo que sus Provincias Unidas
son, y deben ser desde hoy, de hecho y de derecho, Estados libres, soberanos e
independientes y que están absueltos de toda sumisión y dependencia de la Corona
de España o de los que se dicen o dijeren sus apoderados o representantes, y
que como tal Estado libre e independiente tiene un pleno poder para darse la
forma de gobierno que sea conforme a la voluntad general de sus pueblos,
declarar la guerra, hacer la paz, formar alianzas, arreglar tratados de
comercio, límite y navegación, hacer y ejecutar todos los demás actos que hacen
y ejecutan las naciones libres e independientes.
Y para hacer válida, firme y subsistente
esta nuestra solemne declaración, demos y empeñamos mutuamente unas provincias
a otras, nuestras vidas, nuestras fortunas y el sagrado de nuestro honor
nacional.
Dada en el Palacio Federal y de Caracas,
firmada de nuestra mano, sellada con el gran sello provisional de la
Confederación, refrendada por el Secretario del Congreso, a cinco días del mes
de julio del año de mil ochocientos once, el primero de nuestra independencia.
Juan Antonio Rodríguez Domínguez,
Prisidente del Congreso, Luis Ignacio Mendoza Vicepresidente del Congreso ambos
por Caracas.
Cristóbal de Mendoza, Presidente de la
Confederación en turno. Juan de Escalona. Baltazar Padrón. José Tomás Santana,
Secretario.
Firmas
- Provincia de Caracas: Isidro
Antonio López Méndez, Juan Germán Roscio, Felipe Fermín Paúl, Francisco
Xavier Ustariz, Nicolás de Castro, Fernado de Peñalver, Gabriel Pérez de
Pagola, Salvador Delgado, El Marques del Toro, Juan Antonio Días Argote,
Gabrilel de Ponte, Juan José Maya, Luis José de Carzola, José Vicente
Unda, Francisco Xavier Yanes, Fernando Toro, Martín Tovar Ponte, José
Angel de Alamo Francisco Hernández, Lino de Clemente, Juan Toro.
- Provincia de Cumaná: Francisco
Xavier de Mayz, José Gabril de Alcalá, Juan Bermúdez, Mariano de la Cava.
- Provincia de Barinas: Juan
Nepomuceno de Quintana, Ignacio Fernández, Ignacio Ramón Briceño, José de
la Santa y Bussy, José Luis Cabrera, Ramón Ignacio Méndez, Manuel Palacio.
- Provincia de Barcelona: Francisco
de Miranda, Francisco Policarpo Ortiz, José María Ramírez.
- Provincia de Margarita: Manuel
Plácido Maneiro
- Provincia de Mérida: Antonio
Nicolas Briceño, Manuel Vicente de Maya.
- Provincia de Trujillo: Juan
Pablo Pacheco.
